banner 2

La ley, los juicios y el encarcelamiento por aborto en Argentina Featured

16 Diciembre 2016 By In Articulos

Por Alice Finden, Investigadora del International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion1

Este informe resume la legislación y políticas sobre aborto en Argentina y los casos sobre juicios y encarcelamiento por aborto entre 2011 y 2016.

El aborto en Argentina es legal en ciertas circunstancias desde la adopción del Código Penal en 1922. De acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, el aborto es ilegal excepto para salvar la vida de la madre o cuando el embarazo es resultado de violación sexual o un “atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. En el pasado, los tribunales interpretaban la disposición relativa a la violación/abuso sexual en el sentido de requerir que la víctima de violación sufriera discapacidad mental para que el aborto fuera legal.[1] En casos en los que el aborto es ilegal, la ley estipula penas de prisión de entre tres y 10 años, y de hasta 15 años para aquellas personas que practiquen abortos. Las mujeres que consientan o que provoquen sus propios abortos pueden ser sentenciadas con penas de prisión de hasta cuatro años.[2] Sin embargo, esta pena puede incrementarse si los tribunales deciden condenar a la mujer por homicidio, como ocurrió en el caso de “Belén” en 2016, que se describirá posteriormente en este informe.

Entre el 2011 y el 2013, según el Ministerio de Salud argentino, hubo aproximadamente 700.000 nacimientos en Argentina al año, y entre 370.000 y 460.000 abortos. Aproximadamente un tercio de las muertes maternas en la década anterior tuvieron lugar como consecuencia de abortos inseguros.[3] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en 2013 la ratio total de mortalidad materna (RMM) fue de 54.7 por cada 100.000 nacimientos (en un rango de 45.3-64.6).[4] Para el 2015, la OMS encontró una RMM de 52 por cada 100.000 nacimientos (en un rango de 44-63).[5] En comparación con los estimados de años anteriores, la RMM no ha disminuido demasiado desde 1990. Las barreras que enfrentan tanto las mujeres como los proveedores/as de salud, especialmente en las provincias rurales más pobres, obligan a las mujeres a realizarse abortos inseguros “clandestinos” que ponen en riesgo su salud y, a veces, sus vidas, así como su posible encarcelamiento.

Los datos y casos revisados por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) publicados por Ipas en 2014,[6] identificaron 417 casos registrados por el delito de aborto durante los años 1990 y 2008. Los registros judiciales no indicaban si estas personas estuvieron en prisión, pagaron una multa o les fue concedida la libertad condicional, pero a todas se les declaró culpables de un delito.

El mayor porcentaje de penas por el delito de aborto fueron contra personas no cualificadas que proveían abortos. De acuerdo a datos a nivel nacional recabados entre 2002 y 2008, estas penas representaron el 80% del total y fueron cuatro veces más severas que las registradas contra mujeres que se sometieron a abortos. Entre 1996 y 2008, un total de 234 penas por este delito se confirmaron en todo el país. Las jurisdicciones con el mayor número de condenas fueron también las provincias más pobladas – Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba – y la ciudad de Buenos Aires.[7]
El caso de Natividad Frías del año 1966 estableció que una denuncia penal presentada por un proveedor de servicios de salud contra una mujer por la práctica de un aborto ilegal violaba su derecho a la confidencialidad y contra la autoincriminación. En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó este principio, que puede explicar el bajo número de casos de mujeres que han sido investigadas o declaradas culpables por abortos ilegales en comparación con el número de casos contra proveedores/as de salud que han sido investigados/as, procesados/as y condenados/as. [8]
Es importante destacar la correlación entre el número de casos formulados por la policía o llevados ante los tribunales, el número de penas que terminaron en prisión, el alcance del acceso limitado a los servicios de salud y la ratio de mortalidad materna (RMM).

En varias ocasiones se ha producido un avance legislativo en apoyo a la salud y derechos sexuales y reproductivos en Argentina. En 2002, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable tuvo como objetivo disminuir la mortalidad materna. En 2004, el gobierno nacional definió a la salud reproductiva como una de las áreas clave de la política de salud nacional para los próximos tres años.[10] En 2006, la Ley 26.150 introdujo la educación sexual integral. En 2012, la Corte Suprema apoyó la decisión de un tribunal de inferior rango que permitió un aborto a una niña de 15 años que había sido violada por su padrastro. La Corte Suprema determinó que el artículo del Código Penal relativo a la violación y al abuso apoyaba la interpretación de que todas las víctimas de violación podrían optar a abortos legales. La Corte también alegó que a las futuras víctimas de violación no se les requeriría autorización judicial para un aborto.[11]

Todos estos logros se consiguieron como consecuencia de la presión ejercida por grupos feministas, de derechos humanos y otros grupos de incidencia que defienden la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en un periodo de gobierno en el que las relaciones entre el entonces Presidente Néstor Kirchner y el Vaticano se habían roto.[12]

La violencia institucional

El caso que ha tenido una amplia difusión y que recientemente se ha celebrado es el de “Belén”.[13] Belén fue inicialmente acusada de homicidio agravado el 3 de mayo de 2016. Estuvo en prisión por dos años, desde 2014. Belén tenía 25 años cuando acudió a un hospital estatal en el estado de San Miguel de Tucumán, ya que sufría dolores abdominales severos y sangrado vaginal intenso. El doctor que la examinó le dijo que estaba embarazada de 22 semanas y que estaba experimentando un aborto espontáneo. Otro equipo médico, que encontró un feto de 32 semanas en un baño del hospital, alegó que era de ella. Después, la denunciaron a la policía, bajo la premisa de que debía haberse inducido un aborto muy tardío. Se la acusó de homicidio, estuvo en prisión preventiva por dos años y después fue condenada a 8 años en prisión, entrando en marzo de 2014, todo esto sin representación legal. Sin embargo, no existía ningún examen de ADN que conectara a Belén con el feto, y la discrepancia entre el diagnóstico de aborto espontáneo de un embarazo de 22 semanas y un feto de 32 semanas en un baño nunca fue examinada.[14]

Después de que su caso se hiciera conocido, gracias a la abogada que accedió a representarla, las críticas de docenas de organizaciones feministas, de derechos humanos, políticas y sociales y del Comité de Derechos Humanos de la ONU aumentaron por este error judicial. Amnistía Internacional recolectó 120.000 firmas para una petición para su salida de prisión. Después de varias protestas celebradas el 12 de agosto de 2016 en diversas ciudades del país, centradas en la capital de Tucumán, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó su salida de prisión quedando pendiente una apelación de su sentencia condenatoria, que aún se espera al momento de la redacción de este artículo. [15].

En países con leyes de aborto restrictivas y requerimientos legales para reportar cualquier incumplimiento de la ley, los proveedores/as de salud se enfrentan a un conflicto moral en torno al respeto del derecho de la paciente a la confidencialidad, incluyendo cuando se trata de una mujer que necesita cuidados post-aborto por complicaciones derivadas de un aborto inseguro. En Argentina, la ley sobre aborto establece que “cada miembro del equipo de salud de una mujer debe asegurar confidencialidad y privacidad en la provisión de abortos en las circunstancias permitidas por la ley”. Los cuidados post-aborto están permitidos por ley.[16] Sin embargo, una combinación de falta de conocimiento legal, presión de grupos conservadores y religiosos y miedo a ser arrestados/as por proveer un aborto, a menudo trae como consecuencia que las y los profesionales de la salud denuncian a las mujeres que pasan por esta situación a la policía.[17]

Este conflicto acarrea resultados desastrosos para las mujeres y adolescentes que buscan un aborto legal. La negación de un aborto a una niña indígena de 12 años en la provincia de Salta, que fue violada sexualmente en noviembre de 2015, es un ejemplo de ello. A esta niña, conocida con el nombre de “Juana”, debería habérsele permitido un aborto legal, ya que su embarazo fue resultado de una violación por parte de una banda compuesta por cinco hombres y tres adolescentes y su salud física y mental estaban en riesgo. No obstante, no recibió los cuidados médicos adecuados y tampoco se le practicó un test de embarazo. A los siete meses de embarazo, se le diagnosticó que su feto era anencefálico y fue sometida a un parto por cesárea.[18]

Teniendo presente el caso de Belén en Tucumán y el de Juana en Salta, Mariana Álvarez, docente de derechos humanos de la Universidad de Tucumán, explicó al Buenos Aires Herald que: “Existe un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en el distrito [Tucumán] en relación a las mujeres, lo que refleja una suerte de acuerdo entre el sistema de salud y el poder judicial para criminalizar a las mujeres que enfrentan complicaciones en sus embarazos”.[19]

Proveedores/as de salud

Las conexiones institucionales entre los tribunales y el sistema de salud podrían explicarse debido a la falta de una adecuada educación en relación al aborto dirigida a los y las estudiantes de Medicina en Argentina. De hecho, un estudio de caso realizado entre 2015 y 2016 sobre el conocimiento de la legislación sobre aborto en Argentina por parte de las y los estudiantes de esta disciplina reveló que, de los 740 estudiantes que respondieron a las preguntas sobre aborto de acuerdo con la legislación argentina actual, la mitad (el 52.5%) contestó correctamente que el aborto está restringido legalmente, el 24.9% pensó que era ilegal en todos los casos y el 21.5% admitió que no tenía conocimiento sobre el tema.[20] Los autores de este estudio se preocuparon por el hecho de que la falta de conocimiento lleve a estos futuros proveedores/as de salud a denegar un aborto legal a alguien con un embarazo no deseado que está en el derecho de solicitarlo, lo que conllevaría a recurrir al aborto inseguro.

Grupos anti-aborto que también están haciendo uso de la ley

Junto al progreso representado por algunas leyes y políticas en Argentina en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, un artículo de 2014 describe cómo las ONG anti-aborto han recurrido al litigio para debilitar las políticas de salud sexual y reproductiva y, especialmente, para oponerse a cualquier ampliación del derecho al aborto.[21] Los autores describes a estos grupos como el “arma civil de la religión”, particularmente desde 1998, cuando la ONG conservadora “Portal de Belén” consiguió con éxito que se prohibiera la anticoncepción de emergencia a través de los tribunales. También ha habido varios intentos para forzar la retirada del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, prosperando temporalmente uno de ellos en diciembre de 2002, aunque fue revocado unas semanas después de que la sentencia se publicara. [22]

Ya en 1994, los grupos anti-aborto utilizaban argumentos legales para oponerse a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. A través de un recurso de amparo presentado colectivamente en 1994, exigieron el reconocimiento legal del llamado “derecho a la vida desde la concepción” y, desde entonces, han intentado utilizar la sentencia de 1994 como precedente judicial para tratar de criminalizar los abortos legales, por ejemplo intentando bloquear el acceso de jóvenes víctimas de violación sexual a un aborto legal.[23]

Mónica Gogna et al. hace notar que la “defensa de la vida desde la concepción”, promovida por el ex Presidente Menem en 1994, fue una “manifestación del entonces absoluto alineamiento de Argentina con la política sobre aborto del Vaticano”.[24] Explican que el entusiasmo de Menem por esta iniciativa fue el resultado de su deseo de ganar el apoyo de la jerarquía eclesiástica en las elecciones presidenciales de 1995. Más recientemente, con la elección del Papa argentino en 2013, el Ejecutivo argentino, las ONG conservadoras y el Vaticano han fortalecido sus relaciones. Esto ya ha llevado a la jerarquía católica a presionar al gobierno y a conseguir influir en la reforma del Código Civil y de Comercio. Por consiguiente, la versión final del artículo 19 establece que “la vida comienza en el momento de la concepción”,[25] otorgando a las ONG conservadoras el potencial para contrarrestar el progreso de los grupos defensores del derecho al aborto.

La coalición de la jerarquía católica con las ONG conservadoras y el Ejecutivo argentino tiene graves efectos negativos para la salud y el bienestar de las mujeres y los proveedores/as de salud de toda la Argentina. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) indica que la mayoría de las provincias argentinas no están siguiendo las pautas sobre aborto establecidas por la Suprema Corte de la Nación.[26] De hecho, el caso de Juana en la provincia de Salta evidencia la habilidad de las autoridades locales para ignorar la ley cuando deseen. La provincia de Salta, además de otras 15, o bien no tienen protocolos que permitan el acceso a un aborto legal o tienen protocolos que buscan dificultar el acceso al aborto legal.[27] ADC descubrió, por ejemplo, que Salta era la “peor provincia en términos de garantía del acceso a un aborto no punible”, debido a su confabulación para bloquear el derecho al aborto en casos de violación y riesgo para la vida de la mujer. La provincia de Salta permite a los médicos/as rechazar la práctica de un aborto en casos distintos a la objeción de conciencia, requiere la intervención del Ministerio Público y la presencia de los padres en casos que involucren a niñas o adolescentes que soliciten un aborto.[29] También limita el periodo de tiempo para la práctica de un aborto legal hasta las 12 semanas.[28] Como señala Shena Cavallo, la práctica más frecuente no difiere de lo que está escrito en la ley y lo que los servicios aparentemente proveen.[29] A propósito del caso de Juana, la Cámara Baja del Congreso lanzó un informe estableciendo que “todos los tribunales y autoridades administrativas deben acatar los protocolos de cuidados de salud integral a la hora de lidiar con casos de abortos no punibles”.[30] Queda por verse si esta premisa se cumple.

El uso de la incidencia y la información en apoyo del derecho de las mujeres a un aborto seguro

Organizaciones de la sociedad civil, grupos de mujeres y líneas telefónicas de información sobre aborto seguro, como Socorristas en Red[31] y La Línea Aborto,[32] están ayudando cada vez más a que las mujeres accedan a información veraz sobre la pastilla para someterse a un aborto con medicamentos, denominada misoprostol, y proveen consejería pre y post aborto y apoyo.[33]

Asimismo, para finalizar con un tema positivo, el progreso legislativo y judicial en las pasadas décadas ha propiciado un espacio legal para que las mujeres y los proveedores/as de salud puedan contraargumentar a las ONG conservadoras. Esto se ha reflejado en declaraciones del nuevo Relator Especial de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, que apoyó la liberación de “Belén” e hizo un llamado a todas las naciones a despenalizar el aborto y asegurar el acceso al aborto legal y seguro. Méndez estableció que: “Los Estados tienen una obligación afirmativa de reformar cualquier legislación restrictiva en torno al aborto que perpetúe la tortura y los malos tratos a través de la negación a las mujeres al acceso y al cuidado en condiciones seguras”.[34]

La libertad condicional de “Belén” ha sido descrita como un “triunfo colectivo del movimiento de las mujeres”.[35] Alrededor de 300 feministas y grupos defensores de los derechos de las mujeres y el derecho al aborto trabajaron juntos/as en Argentina para asegurar su liberación y para insistir en la confirmación de su inocencia. La abogada de Belén describió la cancelación de su detención preventiva y su liberación como “el comienzo del fin de la injusticia”.[36] Hoy, las y los activistas esperan la apelación del tribunal que anule la condena de Belén, que se espera cree un precedente judicial que prevenga que lo mismo ocurra a otra mujer en el futuro.

Agradecimientos

Gracias a Mariana Romero, Investigadora Senior del Centro de Estudios del Estado y Sociedad (CEDES), Argentina, por revisar este informe y compartir regularmente noticias sobre eventos que ocurren en Argentina. Editado por Marge Berer.
________________________________________
[1] Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.179 de 1984, Libro Segundo, Título I, Capítulo I, Artículos 85-88. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm 
[2] Ibid. Código Penal.
[3] Datos del Ministerio de Salud de Argentina, en: Belén Provenzano-Castro, Silvia Oizerovich, Babill Stray-Pedersen. Healthcare students’ knowledge and opinions about the Argentinean abortion law. Sexual & Reproductive Healthcare 2016; 7:21-26. http://www.srhcjournal.org/article/S1877-5756(15)00063-4/pdf 
[4] Kassebaum NJ, Bertozzi-Villa A, Coggeshall MS, Shackelford KA, Steiner C, Heuton KR, et al. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2014;384(9947):980–1004. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60696-6/abstract 
[5] Trends in maternal mortality 1990 to 2015: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. Ginebra: OMS, 2015. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194254/1/9789241565141_eng.pdf?ua=1 
[6] Gillian Kane, Beatriz Galli, Patty Skuster, 2014. Argentina. When Abortion is a Crime: The threat to vulnerable women in Latin America. Ipas. http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/When-Abortion-is-a-Crime-The-threat-to-vulnerable-women-in-Latin-America.aspx 
[7] Ibid Kane, Galli y Skuster.
[8] Ibid Kane, Galli y Skuster.
[9] Ibid Kane, Galli y Skuster.
[10] Mónica Petracci, Silvina Ramos, Dalia Szulik, 2005. A strategic assessment of the Reproductive and Responsible Parenthood Programme of Buenos Aires, Argentina. Reproductive Health Matters 2005;13(25). http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(05)25174-1/pdf 
[11] Rebecca DiLeonardo. Argentina Supreme Court legalizes abortion for rape victims”. The Jurist. 14 de marzo de 2012. http://www.jurist.org/paperchase/2012/03/argentina-supreme-court-legalizes-abortion-for-rape-victims.php 
[12] Ibid, DiLeonardo, p.87.
[13] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion Newsletter. Demonstrations in Buenos Aires and Tucumán to release woman sentenced to prison for miscarriage. 5 de mayo de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/demonstrations-in-buenos-aires-and-tucuman-to-release-woman-sentenced-to-prison-for-apparent-miscarriage/ 
[14] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion Newsletter. STOP PRESS: Belén released from prison. 19 de Agosto de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/stop-press-belen-released-from-prison/ 
[15] Ibid. International Campaign.
[16] Jina Dhillon. Protecting Women’s Access to Safe Abortion Care-A Guide to Understanding the Human Rights to Privacy and Confidentiality: Helping Advocates Navigate ‘Duty to Report’ Requirements. Ipas, 2014. http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/Protecting-Womens-Access-to-Safe-Abortion-CareA-Guide-to-Understanding-the-Human-Rights-to.aspx 
[17] Betraying women: provider duty to report. Ipas, 2016. http://www.ipas.org/en/Resources/Ipas%20Publications/Betraying-women-Provider-duty-to-report.aspx 
[18] Ximena Schinca. Activists protest in Buenos Aires after 12-year-old is denied legal abortion. Buenos Aires Herald, 16 de junio de 2016. Incluído en: International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion. 17 de junio de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/activists-protest-in-buenos-aires-after-12-year-old-is-denied-legal-abortion/  
[19] Ximena Schinca, 2016. Tucumán’s abortion trials placed in spotlight. Buenos Aires Herald, 23 de agosto de 2016. http://www.buenosairesherald.com/article/220404/tucum%C3%A1n%E2%80%99s-abortion-trials-placed-in-spotlight 
[20] Op cit. Provenzano-Castro, Oizerovich, Stray-Pedersen, p.21
[21] Maria Angélica Peñas Defago, José Manuel Morán Faúndes. Conservative litigation against sexual and reproductive health policies in Argentina. Reproductive Health Matters 2014;22(44):82-90. http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(14)44805-5/pdf 
[22] Ibid. Peñas Defago, Morán Faúndes.
[23] Ibid. Peñas Defago, Morán Faúndes.
[24] Mónica Gogna, Mariana Romero, Silvina Ramos, Mónica Petracci, Dalia Szulik. Abortion in a restrictive legal context: the views of obstetrician-gynaecologists in Buenos Aires, Argentina. Reproductive Health Matters 2002;10(19). http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(02)00014-9/pdf 
[25] Op cit. Peñas Defago and Morán Faúndes, p.87.
[26] Asociación por los Derechos Civiles, 2015. Acceso al aborto no punible en Argentina: Estado de situación. http://despenalizacion.org.ar/pdf/publicaciones/ADC-Acceso-al-aborto-no-punible-Marzo-2015.pdf 
[27] Celina Andreassi. Majority of provinces not complying with abortion rights. The Argentina Independent. 13 de marzo de 2015. http://www.argentinaindependent.com/currentaffairs/majority-of-provinces-no-complying-with-abortion-rights/ 
[28] Ibid. Andreassi.
[29] Shena Cavallo. Abortion in Argentina: women twice betrayed. Open Democracy, 3 de mayo de 2016. https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/shena-cavallo/abortion-in-argentina-women-twice-betrayed 
[30] Op cit. Schinca, ref 18.
[31] www.socorristasenred.blogspot.com.ar/ 
[32] http://www.abortoconpastillas.info/ 
[33] Silvina Ramos, Mariana Romero, Lila Aizenberg. Women’s experiences with the use of medical abortion in a legally restricted context: the case of Argentina. Reproductive Health Matters 2015;22(44/Supplement):4-15. http://www.rhm-elsevier.com/article/S0968-8080(14)43786-8/pdf 
[34] International Campaign for Women’s Right to Safe Abortion Newsletter, Statement: Special Rapporteur on Torture. 20 de mayo de 2016. http://www.safeabortionwomensright.org/statement-special-rapporteur-on-torture/ 
[35] Luciana Peker. Cuando Belén se escribió con V. Página12, 19 de agosto de 2016. http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-10798-2016-08-19.html 
[36] Ibid, Peker.

Publicaciones Destacadas

Publicación Destacada

Publicación Destacada

VER AQUI

Publicación Destacada

Publicación Destacada

VER AQUI

Publicación Destacada

Publicación Destacada

VER AQUI

Publicación Destacada

Publicación Destacada

VER AQUI

Publicación Destacada

Publicación Destacada

VER AQUI

Publicación Destacada

Publicación Destacada

VER AQUI

Publicación Destacada

Publicación Destacada

VER AQUI

Publicación Destacada

Publicación Destacada

VER AQUI

Publicación Destacada

Publicación Destacada

VER AQUI

Publicación Destacada

Publicación Destacada

VER AQUI

Suscribete

Contactenos

Contactenos via telefonica o correo electronico

  • Teléfono: (511) 447-8668

Siguenos

Síguenos en Facebook y otras redes sociales.