Marcela Martínez, la nueva titular de la federación mexicana en la materia. El mexicano, si bien es un Estado laico porque así lo ordena la Constitución federal, en algunas ocasiones las políticas públicas, al obedecer más al doga vaticano que a la ley, lo hacen parecer un “Estado confesional” que sanciona el placer —el cual, de hecho, “es pecado”—, reduce el erotismo a la cópula sólo entre hombre y mujer, limita la anticoncepción, considera las leyes de convivencia inmorales, se opone a la educación sexual pública, laica y científica, a promover anticonceptivos, al matrimonio y adopción por personas del mismo sexo y a las leyes que despenalizan el aborto”, declaró la abogada Marcela Martínez Roaro durante el primer día del 8 Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología.
La presencia religiosa en los debates políticos sobre aborto, educación sexual, anticoncepción, identidad de género, fertilización asistida, matrimonio entre personas del mismo sexo y familias homoparentales y/o comaternales nos habla de una relación entre Estado e Iglesia muy estrecha y de larga data. La más visible de estas participaciones son aquellas que sirven para obstaculizar la salida de una ley o su implementación repartiendo escarpines, levantando banderas naranjas y pancartas con ecografías teñidas de rojo, rezando de rodillas en la puerta de los tribunales y del Congreso, escribiendo cartas de lectores y correos electrónicos en defensa de “la” familia aunque las más efectivas son las que día a día llevan a cabo en los comités de bioética, en los tribunales citando convenciones internacionales o, directamente, dictando las conciencias –y propuestas– de candidatos y políticos que necesitan de su bendición para permanecer.
La diputada Diana Maffía estuvo en Rosario para dictar el curso y explicó que el mismo se viene haciendo en varias provincias, como Córdoba, Buenos Aires, Salta y algunas otras. La idea de Carmen Argibay, cuando pensó el proyecto, era que se fuera derramando desde la Corte Suprema de Justicia, hacia las provinciales y de ahí a los Tribunales.
Cada año, casi medio millón de mujeres en la Argentina resuelven interrumpir voluntariamente un embarazo, de acuerdo con estimaciones oficiales. Es una salida extrema ante una gestación no deseada. Es una decisión íntima, privada. Una relación sexual violenta, un método anticonceptivo que no funcionó, la imposibilidad de negociar el uso de un preservativo, una relación de pareja que se esfumó, un descuido. Las razones que llevan a las mujeres a abortar son diversas y variadas. Sería ideal que no existieran. Pero aun en los países con mejores programas de salud sexual y reproductiva, con acceso a métodos y educación sexual integral, los abortos existen porque existen embarazos no deseados. No se debe condenar a una mujer a llevar a término un embarazo impuesto. Lo que está en juego es su proyecto de vida, su futuro. A tal punto que una mujer es capaz de arriesgar su vida para poner fin a un embarazo inconveniente. Las mujeres somos mucho más que una incubadora.